Entre los transportistas autónomos españoles prima la sensación de que el cambio en la regulación de los pesos y dimensiones de los vehículos va más allá de lo inicialmente acordado con el Gobierno.
Las pequeñas empresas de transporte creen que esta modificación normativa servirá para introducir en las carreteras españolas vehículos más grandes y pesados de los que en un principio se habían barajado, aprovechando especialmente las necesidades que tienen algunos segmentos en los que estas unidades son especialmente indicadas, como los movimientos de productos forestales y de bobinas metálicas.
Al mismo tiempo, los transportistas autónomos también tienen la sensación de que poco pueden hacer dada la representatividad que tienen en el Comité Nacional y los intereses en juego en una modificación normativa que vive los últimos coletazos de un proceloso trámite de información pública en el que nadie sabe qué propuestas se tendrán en cuenta finalmente para la elaboración de la nueva norma.
Mientras tanto, la DGT ya ha analizado las más de quinientas alegaciones presentadas por diversas instituciones, las ha cribado y las está compartiendo con Transportes e Industria para hacer una valoración antes de tomar la decisión definitiva.
Las pequeñas empresas y los autónomos no se niegan a este cambio. Simplemente piden que se ciña a lo acordado, cosa difícil a la vista de lo que está en juego, y que se establezca un amplio plazo de transición para facilitar la digestión de este cambio. Frente a ello, Transportes alega que esta tramitación ya va con retraso y que poco se puede hacer en este sentido para ir más allá de lo establecido en el documento inicial.
