Las palabras del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, sonaron tranquilizadoras el pasado miércoles entre las paredes de la sala del Congreso de los Diputados que acogía la reunión de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
"La Ley de Movilidad de Sostenible no es una ley fiscal", aseguró Santano, zanjando de un plumazo la posibilidad de que el proyecto normativo contuviese ninguna referencia a la implantación de un sistema de pago por uso en la red viaria de alta capacidad.
Sin embargo, instantes después, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible aseguraba que “las medidas de fiscalidad ambiental deben abordarse con instrumentos específicos”, para a continuación informar de que Hacienda está trabajando en reforma profunda del sistema fiscal, incluyendo, podía enterderse de au argumentación, cualquier nueva tarificación viaria.
Así vistas las cosas, parece que esta iniciativa no solo no se ha abandonado, sino que seguirían adelante las intenciones de establecer algún tipo de financiación las importantes necesidades que tiene la red viaria española en mantenimiento, sobre todo a la vista del último informe del Race sobre puntos negros.
Recordemos que el sistema de pago por uso busca precisamente, y en línea con políticas europeas que están desarrollando cada vez más países de la Unión Europea, que el transporte internalice toda una serie de costes externos entre los que también se encuentran los ambientales, tal y como indicó Santano en el Congreso.
Sin embargo, al mismo tiempo, la renuncia del Gobierno a contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este 2024 como consecuencia de la convocatoria de las elecciones catalanas impide a priori la posibilidad siquiera de plantear cualquier reforma fiscal, por si no la pusiera ya en difícutades la diabólica aritmética parlamentaria.
Mientras tanto, la propia Ley de Movilidad Sostenible, en tramitación por la vía de urgencia, acumula nuevos retrasos y ya se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas al proyecto en cinco ocasiones, la última de ellas hasta el próximo miércoles, 27 de marzo.
