La Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril ha encargado a Consultrans la actualización y el desarrollo de su aplicación para la gestión de expedientes sancionadores.
Tras el desarrollo y puesta en funcionamiento de la aplicación en los servicios centrales del Ministerio, ya se han incorporado al sistema aquellas comunidades autónomas que no precisaban ajustes previos, principalmente en cuanto a su gestión de cobros de sanciones con sus Haciendas proceso ya
prácticamente concluido y entre las que se encuentran Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón Cantabria, Madrid, Extremadura, Consell de Mallorca y el Cabildo de Gran Canaria.
Así mismo, para las regiones que tienen disponible algún sistema de intercambio de datos para la gestión de pagos de sanciones, se ha implementado ya la conexión con Cataluña, Galicia, Valencia, Murcia y Andalucía, y queda por concluir, aunque en una fase avanzada Navarra. Por su parte, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa están en desarrollo de las conexiones o en la fase final análisis técnico con las especificaciones y necesidades que van a ser objeto de desarrollo en este contrato. De igual modo, se mantendrá abierto el soporte para las comunidades que deseen inicia la conexión con sus respectivas Haciendas.
Además, en fase final de incorporación se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia para las que está prevista su puesta en producción para lo que resta de este año 2024, y queda en el último tramo las Diputaciones Vascas, Navarra, los respectivos Cabildos de Canarias y los Consells de Baleares restantes, además de Ceuta y Melilla.
En cuanto al desarrollo de la aplicación implantada, ya con un funcionamiento a pleno rendimiento en muchos territorios, Transportes pretende completar y mejorar algunos de los módulos que necesitan ajustes para adaptar el flujo de tramitación.
En este sentido, se van a acometer mejoras en la tramitación de recursos administrativos para adaptar la aplicación a las diferentes unidades y se incluirá un circuito de revisión para permitir la supervisión antes de remitir las diferentes resoluciones de los recursos a los correspondientes buzones de firma.
Por otro lado, se continúa mejorando aspectos relacionados con la usabilidad de la aplicación, la tramitación de expedientes para facilitar los procesos de firma y notificación y con la mejora para la resolución de las incidencias por los propios administradores de los organismos sin necesidad de hacer uso del soporte,
Adicionalmente, también es necesario crear nuevos modelos de acta de infracción, como son las bilingües en formato dual que sean precisos para automatizar tareas en materia de inspección y su integración con los requerimientos e inspecciones, mientras que, por último, se considera necesario continuar e incluso incrementar el mantenimiento evolutivo y correctivo hasta completar el despliegue definitivo en todos los organismos.
Todo el proyecto tiene un plazo de ejecución de doce meses y un importe de 223.850 euros.
