Los transportistas castellanos, especialmente los de Ávila y Segovia, vienen reclamando desde hace tiempo medidas para reducir el impacto económico que tiene en sus cuentas el importe del peaje en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.
Desde este verano, ese momento parece más cerca, a la vista, sobre todo, de que la Dirección General de Carretera se haya decido a adjudicar la elaboración de un estudio informativo sobre las actuaciones a llevar a cabo en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-6, así como en la Red de Carreteras del Estado aledaña tras la finalización de la concesión y la previsible supresión del peaje.
En concreto, LRA Infraestructures Consulting llevará a cabo este trabajo por un importe de 895.097,50 euros y con un plazo de ejecución de treinta meses.
Con más detalle, el estudio servirá para determinar cómo las infraestructuras se podrán adaptar a la nueva demanda, estudiando las actuaciones necesarias: ampliaciones de capacidad, remodelación de enlaces, refuerzo de firmes, necesidad de medidas de protección contra el ruido y pacificación de travesías, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad actual de estas autopistas al territorio, creando nuevos enlaces o completando los existentes y para reforzar la seguridad, funcionalidad y condiciones de explotación de la red de carreteras del Estado, estudiando actuaciones como: mejoras locales para incrementar la seguridad vial, ampliación de áreas de servicio o instalación de nuevas, nuevos aparcamientos de vialidad invernal, ITS a desplegar para mejorar la explotación conjunta de las vías.
El trabajo se desarrollará en tres fases que cubrirán la realización de un diagnóstico de la situación que se producirá tras la finalización de la concesión de las autopistas, en particular por la redistribución de tráfico, la definición de las alternativas seleccionadas con el fin de establecer su impacto ambiental residual, su funcionalidad y sus costes, así como, por último, el análisis de las alegaciones a la Información Pública y la incorporarción de las prescripciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental y por la aprobación provisional del estudio.
