El Tribunal Supremo ha confirmado la semana pasada la ilegalidad del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos vigente entre 2013 y 2018, más conocido como el céntimo sanitario.
Con esta decisión, el Supremo sigue la línea marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y abre la puerta de las reclamaciones a los que abonaron este tributo, especialmente las petroleras, siempre que se pueda demostrar.
Así mismo, y de acuerdo con la normativa europea, no podrán solicitar el reembolso aquellas empresas que hayan repercutido el incremento de costes que hubiera supuesto este impuesto a otras empresas o a los consumidores finales, sin soportarlo directamente por tanto.
Se estima que la recaudación con el céntimo sanitario durante su vigencia ha sido de entre 5.800 y 6.000 millones de euros que ahora deberán devolver las comunidades autónomas que lo aplicaron.
