Desde que existe un régimen sancionador en España, el sector del transporte por carretera ha conseguido reducir los tiempos de pago en un 20% hasta situarse en los 65 días de media.
Así se refleja en el análisis de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad para MasterRuta, la comunidad digital de Euromaster para el cuidado de autónomos y pequeñas flotas. El dato contrasta con la morosidad de otros sectores, que puede llegar hasta los 180 días.
Aún así, desde la Plataforma, se hace hincapié en que aún queda trabajo por hacer, dado que la media de pagos en el transporte está cinco días por encima de los 60 actuales establecidos.
La lucha contra la morosidad abordará grandes cambios en los próximos meses, sobre todo a raíz del Reglamento de la UE que se está tramitando para reducir el tiempo de pago de 60 a 30 días. Su fecha límite de aprobación es antes del próximo 31 de mayo.
Este Reglamento establecerá en todos los casos un régimen sancionador y no habrá excepciones, de modo que todos los sectores económicos de los países de la Unión Europea deberán cumplirlo tal y como esté establecido en el texto. No es, por tanto, una trasposición sujeta a interpretaciones que puedan desvirtuar parte de la norma.
Para los transportistas, la aprobación de este Reglamento tendrá varios efectos positivos, entre los que destacan, la menor cantidad de financiación para afrontar los diferentes pagos, además de poder dedicar más dinero al propio crecimiento y desarrollo de la empresa.
En el caso del sector del transporte por carretera en España, hay dos vías legales para reclamar un retraso en los pagos de las empresas: instar a que de forma efectiva se proceda a llevar a cabo el proceso sancionador, o reclamar el pago recurriendo a través de la Justicia.
Además, hay un mecanismo alternativo de resolución de controversias en todas las Comunidades Autónomas que se resuelve en un plazo de dos o tres meses, es gratuito y no requiere procuradores ni abogados.
Por otro lado, las empresas del sector pueden realizar cualquier reclamación de forma anónima a través de la página web del Ministerio de Transportes, que tiene la obligatoriedad de hacer pública una lista de empresas, que recientemente ha actualizado.
En ella, aparecen más de 400 empresas morosas que, en algunos casos, deben hacer frente a sanciones que superan los 100.000 euros.
