Desde este 1 de julio, la Diputación de Vizcaya aplica su peaje para vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas de MMA a nuevos tramos de la A-8 y BI-10, N-636 y la BI-30.
Estas nuevas tasas han levantado la oposición unánime del transporte. Si, a finales del pasado mes de junio, Asetrabi se mostraba resignada con la ampliación de este cobro y pedía al transporte vizcaíno que repercuta este coste a sus clientes, ahora otras asociaciones han mostrado su rechazo a la medida de la demarcación vasca.
En concreto, Asotrava, Asociación de Transportistas Autónomos Vascos, considera que la medida es "básicamente recaudatoria y discriminatoria al no ir dirigida a todos los usuarios de las vías, sino que se pone únicamente en la diana al transporte de mercancías, restando competitividad al transporte de Vizcaya frente a otras comunidades".
La organización empresarial estima que estos peajes los pagarán los transportistas de la provincia e insiste en que acentuará la escasez de profesionales en el sector.
Por otro lado, Fenadismer ha calculado que el sobrecoste que supondrá para los autónomos y empresas que transitan por estas vías será de unos 600 euros mensuales, con el consiguiente efecto inflacionista que afectará principalmente a los transportistas vizcaínos.
La patronal considera que "los nuevos peajes aprobados persiguen un simple afán recaudatorio de la Diputación de Vizcaya", que, según sus estimaciones recauda al año unos 150 millones de euros sólo por el impuesto de hidrocarburos.
