Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI han celebrado la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023, aunque creen que es necesaria mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar este problema.
Estas asociaciones de productores y distribuidores han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, ocasionando problemas de competencia desleal, así como para las arcas públicas y los consumidores.
En este sentido, valoran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, que facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos.
Del mismo modo, consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a los operadores al por mayorque incurran en infracciones muy graves, como el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen las inhabilitaciones.
Por otro lado, piden agilizar la aprobación de la Orden ministerial que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales, así como las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a las empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles.
De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este concepto sólo en 2022.
En todo caso, consideran un buen punto de partida el RDL 8/2023 y animan a la Administración a seguir avanzando en esa dirección. Para ello, están trabajando ya en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal, fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad.
El objetivo es ponerlas en conocimiento de la Administración y trabajar conjuntamente para frenar el fraude en España, garantizar la seguridad de suministro, preservar la competitividad del sector, proteger a los usuarios y cumplir con los objetivos de descarbonización.
