Los plazos de pago a los transportistas aumentaron ligeramente en abril

La Presidencia belga ha propuesto a los Estados miembros del Consejo europeo descafeinar el proyecto de Reglamento europeo de lucha contra la morosidad que aprobó el Parlamento europeo.

30/05/2024 a las 11:08 h

Los datos correspondientes a marzo del Observatorio de la morosidad y los pagos en el transporte que elabora mensualmente Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote muestran una leve subida en los plazos de pago a los transportistas hasta los 66 días de media en abril. 

Del porcentaje de empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, un 65% pagaron a menos de 90 días y un 7% a más de 120, teniendo en cuenta que esta franja de incumplimiento en 2022 se situaba en más del 20%.

En cuanto a los medios de pago utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden, la transferencia (70%), seguido del confirming (25%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).

En abril, además, el Parlamento Europeo aprobó su posición en relación al nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establecía como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días, y el  establecimiento de un régimen sancionador para todas los sectores económicos. 

Sin embargo, el optimismo que había generado el texto ha quedado desvanecido tras la propuesta de texto alternativo que ha elaborado la Presidencia belga del Consejo de la UE, teniendo en cuenta que para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento europeo se precisa el acuerdo conjunto del Parlamento europeo y del Consejo.

El texto, al que ha tenido acceso Fenadismer, plantea múltiples modificaciones con el objetivo de “descafeinar” el texto aprobado por el Parlamento, como reconvertir la norma en una Directiva o la de ampliar el plazo máximo de pago para numerosos sectores, así como eliminar muchas medidas propuestas destinadas a dotar de trasparencia a las relaciones comerciales entre las empresas.

En todo caso, la Federación confía en que los Estados miembros consensuen una regulación que proteja los intereses y necesidades de la parte más débil en las transacciones comerciales, principalmente autónomos y microempresas.  

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