El Ministerio de Industria y Turismo ha cerrado este pasado mes de agosto el procedimiento de consulta pública previa en relación con el proyecto de Orden que modifica el anejo 4 del Real Decreto de 2000 que establece especificaciones técnicas que deben cumplir vehículos especiales para transporte terrestre productos alimentarios a temperatura controlada.
Con este cambio normativo tiene el objetivo, según el Departameno, de facilitar la renovación de los certificados de conformidad ATP para aquellos vehículos que realizan transporte de mercancías perecederas únicamente en el territorio de Canarias, así como de proporcionar el tiempo suficiente para que se pongan en servicio instalaciones técnicas que hagan posible que los propietarios de los vehículos puedan realizar los ensayos requeridos en el territorio canario, tal y como vienen reclamando desde hace tiempo los actores de este sector en el archipiélago, a la vista de que no existe en la actualidad ninguna estación de ensayo (túnel de frío) en dicho territorio, y por tanto, aquellos vehículos que deben someterse a un ensayo de verificación del coeficiente de transmisión de calor, K, deben trasladarse a alguno de los túneles ubicados en territorio peninsular, originando costes adicionales elevados.
Así pues, con esta normativa se pretende atender a una petición realizada por el Gobierno de Canarias el pasado 17 de junio, que solicita la prórroga del aplazamiento de la aplicación en Canarias de las disposiciones relativas a los mencionados ensayos por el periodo adicional de 18 meses, permitiendo así que durante dicho periodo extraordinario se ponga en servicio la infraestructura de ensayo autorizada el pasado mes de abril en la isla de Gran Canaria.
Mediante esta orden, se modifica el Anejo 4, que contiene los requisitos relativos al control de conformidad de los vehículos especiales en servicio, aplazando hasta el 1 de julio de 2026 la entrada en vigor de las disposiciones relativas a los ensayos a efectuar, con cierta periodicidad, a las unidades en servicio de más de quince años, para aquellos vehículos que operan únicamente en el territorio de Canarias.
Además, de igual modo, también se modifica con el mismo objetivo, el régimen transitorio establecido para estos vehículos, aplazando su entrada en vigor al 1 de julio de 2026.