Lentamente, de manera paulatina, por países, e incluso por regiones, muy a la caótica manera que tanto se estila en Europa, se van imponiendo nuevos sistemas de tarificación viaria por uso.
De hecho, países como España, salvo los casos vizcaíno y guipuzcoano, se están convirtiendo en una excepción que podría durar poco. Además de motivos de sostenibilidad ambiental, en esta tendencia no pueden obviarse otras causas políticas y recaudatorias.
El panorama dibuja una compleja maraña de sistemas de pago para el transporte internacional que irán complicando la actividad de las empresas de transporte internacional en los próximos años a medida que cada Administración europea decida internalizar los costes externos que genera el transporte por carretera en general, y el de mercancías, muy especialmente, ya que suele ser el gran señalado.
Consecuentemente, el pago de las diferentes tasas penalizará las cuentas de las empresas de transporte del Viejo Continente y se convertirá en uno de sus principales costes, con efectos directos sobre su competitividad, especialmente en relación con otros modos de transporte (que es lo que, en el fondo, se busca), así como sobre el empleo y el nivel de inversión del sector.
Por poner un ejemplo de cómo va a cambiar la situación, Transporeon se ha centrado en analizar el eje que une la localidad belga de Amberes con el municipio danés de Odense, con vías en las que el pago por uso se va a dejar sentir con fuerza en los próximos meses, toda vez que Dinamarca tiene previsto incorporar este sistema de tarificación en 2025.
Según la compañía los peajes suponían en 2020 un 13,6% de los costes totales de cualquier servicio realizado en esta ruta y en 2025 este porcentaje se incrementará en 5,5 puntos porcentuales para colocarse en un 19,15% de los costes totales en el trayecto Amberes-Odense.
Este aumento implicará que los peajes se convertirán en el tercer mayor coste para las empresas de transporte, por encima incluso de los relacionados con la adquisición de tractoras y semirremolques.
