Desde que el Consejo de Ministros la remitiera al Congreso de los Diputados a mediados de febrero para su tramitación por la vía de urgencia, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha pasado de dormitar en la Cámara Baja a coger unas largas vacaciones de verano.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados decidió, antes de que se cerrara el período de sesiones a finales de junio, darle un nuevo empujón hacia adelante de tal modo que la iniciativa legislativa acumula hasta 18 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, que en este último caso permanece abierto hasta las seis de la tarde del próximo 4 de septiembre.
Con este paso se acortan los plazos de tramitación para que la norma entre en vigor el año que viene, tal y como pretende el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible es víctima de la endiablada situación política que vive España, condicionada por los apoyos del Gobierno que, a su vez, dependen de la evolución de la coyuntura en Cataluña, de manera particular, donde aún sigue pendiente la formación de un nuevo Ejecutivo autonómico.
Una norma para las nuevas necesidades del transporte
La futura ley constituirá, según el Gobierno, el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las nuevas necesidades de movilidad y transporte, especialmente en aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
De manera particular, la norma propone cuatro pilares para el nuevo marco regulatorio del transporte y la movilidad. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar.
En segundo lugar, la norma se propone avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Así mismo, se propone un sistema digital e innovador con la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad en el que empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos.
Por último, la Ley incluirá herramientas para mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública.
De manera particular, el transporte de mercancías por carretera también espera que la norma impulse a partir de 2026 la digitalización de la documentación de la carga, especialmente de la carta de porte.
