El Consejo de Ministros remitó a mediados de febrero el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia con la vista puesta en que se apruebe este 2024.
Es posible que la norma vea la luz antes de fin de año, principalmente por el compromiso adquirido con la Comisión Europea, pero su tramitación por la vía de urgencia parece encallada en el Congreso de los Diputados, donde se amplían una y otra vez los plazos para presentar enmiendas.
La Mesa de la Cámara encomendó el pasado 23 de febrero a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible la aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, pero desde entonces los trámites solo acumulan retrasos.
En concreto, hasta esta semana, se han ocho ampliaciones consecutivas de los plazos para presentar enmiendas que, al término de elaboración de esta información, se alargan hasta las seis de la tarde del próximo 24 de abril y con perspectivas de seguir acumulando nuevas prolongaciones.
Sin duda, el complejo panorama político y las convocatorias de elecciones autonómicas vascas y catalanas, así como las del Parlamento Europeo, dificultan el cierre de una negociación que permita que esta norma salga adelante y contriuyen a acentuar la apariencia de provisionalidad que se vive en unas instituciones focalizadas en .
Una norma para las nuevas necesidades del transporte
La futura ley constituirá, según el Gobierno, el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las nuevas necesidades de movilidad y transporte, especialmente en aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
De manera particular, la norma propone cuatro pilares para el nuevo marco regulatorio del transporte y la movilidad. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar.
En segundo lugar, la norma se propone avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Así mismo, se propone un sistema digital e innovador con la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad en el que empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos.
Por último, la Ley incluirá herramientas para mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública.
