Fetracal ha emitido esta semana un comunicado, en línea con el emitido antes por la patronal segoviana Asetra, en el que "muestra su repulsa y total indignación por la situación, y perjuicios, que se está ocasionando al sector del transporte de mercancías por carretera de esta Comunidad Autónoma al ser obligados en San Rafael (Segovia) a entrar en la autopista de peaje de la AP-6".
Así pues, la federación castellanoleonesa "exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se suban las barreras de peaje para dejar libre el acceso de vehículos, en especial al de pesados”, dado que no hay otra alternativa en la zona para entrar desde Segovia a la Comunidad de Madrid.
De igual modo, Fetracal asume el argumento de Asetra para reclamar que "los transportistas castellanos y leoneses en general, y los segovianos en particular, no somos más, pero tampoco menos, que nadie, y cuando se han producido situaciones similares en otros puntos de España, se ha dado alternativa por una autopista de peaje, pero sin que fuera obligatorio su pago”.
En este sentido, a jucio de la patronal del transporte de mercancías de Castilla y León, "la obligación de paso por la autopista de peaje es una medida adecuada, mientras duran las obras de reparación de la carretera nacional, ya que se trata de una emergencia”, aunque, al mismo tiempo, también reclama una “reparación inmediata de este socavón” que impide el paso por la travesía del municipio segoviano de San Rafael en la N-6 para acceder al Alto del León.
A estas reclamaciones regionales se han sumado también CETM y Fenadismer, con lo que se redobla la presión a Transportes y a la concesionaria de la AP-6 que se vienen pasando la pelota sin tomar cartas en el asunto.
Por un lado, CETM considera "indignante que el Ministerio de Transportes no haya exigido aún a la concesionaria la libre circulación por la autopista en este tramo, más aún cuando se trata de una situación de fuerza mayor que perjudica gravemente al sector del transporte de mercancías por carretera".
A su vez, Fenadismer calcula que la situación afecta a más de 2.000 camiones que utilizan diariamente la carretera nacional y que con el desvío obligatorio debe soportar un sobrecoste de veinte euros por trayecto, por lo que "solicita al Ministerio de Transportes que se bonifique íntegramente el coste del peaje mientras se mantenga el desvío obligatorio, como se ha venido aplicando en situaciones similares".
