Desde la aprobación del Paquete europeo de Movilidad en 2020, los países del Este de Europa han llevado a cabo una fuerte ofensiva judicial contra buena parte de esta regulación por las consecuencias que algunos aspectos sociales y de competencia leal representan para la predominancia de las flotas de transporte allí radicadas.
Así lo explican desde Fenadismer, que recuerda que dichos países han contado durante estos años con "un aliado de primer orden, en concreto de la anterior Comisaria europea de Transportes, la rumana Adina Valean, quien públicamente manifestó en reiteradas ocasiones su postura contraria a dicha regulación", aprobada antes de que accediera a la Comisaría europea de Transportes.
Fruto de esta campaña, en octubre de 2024 los países del Este consiguieron tumbar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea uno de los asuntos más controvertidos de la nueva regulación. Se trata de la obligación del retorno de los camiones a sus países cada ocho semanas, declarada nula por la falta de información suficiente cuando se adoptó la medida para poder evaluar su proporcionalidad.
Sin embargo, el actual Comisario europeo de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas, ya ha manifestado que por ahora descarta restablecer la medida, que a su entender provocaría "ineficiencias en el sistema de transporte y un aumento de las emisiones y congestión innecesarias".
En todo caso, la Comisión europea estará atenta a cualquier impacto negativo que la anulación de la disposición sobre el retorno obligatorio de los camiones pueda tener, especialmente en las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, para adoptar las medidas oportunas.
