Los agricultores franceses han cortado este martes la circulación en el peaje de Le Boulou, en la autopista A-9, y han vertido el vino de algunos camiones. Organizadas por Coordinación Rural y la FNSEA, las protestas prevén cortar el miércoles la RN-125, en la frontera con la N-230 en el Valle de Arán en sentido España.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, que ya había alertado de la posibilidad de protestas, denuncian que los transportistas españoles tengan que volver a sufrir las consecuencias de las demandas de los agricultores franceses. En su opinión, "resulta incomprensible que si las protestas son para manifestar el rechazo al tratado de Mercosur, un acuerdo comercial entre la Unión Europea y países sudamericanos, sean los transportistas españoles los que tengan que sufrir este tipo de ataques".
La CETM, se había dirigido por escrito al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, y a la Representación Permanente de España en la Unión Europea para solicitar su intervención, reclamando que instara a las autoridades francesas a garantizar la circulación de los conductores españoles.
A pesar de ello, los ataques se han repetido, "evidenciando la inacción de la Gendarmería francesa y una preocupante permisividad hacia estas agresiones injustificadas". Este tipo de actos, explican desde la Confederación, ponen en peligro a los conductores y generan "pérdidas económicas inaceptables" para las empresas de transporte y sus clientes.
Además, consideran que atentan contra los principios de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea y suponen un grave deterioro de las relaciones comerciales entre España y Francia. "No podemos tolerar que los transportistas sigan siendo víctimas de estas agresiones mientras desempeñan una labor fundamental para la sociedad", concluyen.
Por su parte, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Astic, ha manifestado su rechazo ante el bloqueo de los agricultores franceses, que no sólo afecta al transporte internacional y a la seguridad de los conductores profesionales, sino que genera pérdidas económicas para las empresas españolas, provocan el deterioro de las mercancías y dañan la confianza en las cadenas de suministro.
Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic y miembro del Comité Ejecutivo de Presidencia de la IRU, ha indicado que "una vez más, las autoridades francesas están fallando en su obligación de garantizar el derecho a la libre circulación. En lugar de actuar con firmeza para mantener abiertas las rutas internacionales, se limitan a colaborar pasivamente, parando camiones e incluso forzándolos a regresar a territorio español, como ha sucedido en La Junquera en el día de hoy", explica .
Por ello, la Asociación exige la intervención inmediata de las autoridadesfrancesas para desbloquear las carreteras y garantizar la seguridad de los conductores y sus vehículos, la intervención del Gobierno de España y de las instituciones comunitarias para defender los intereses de las empresas de transporte, y el establecimiento de medidas contundentes y preventivas que aseguren que esto no se repita en el futuro.
