La Comisión Europea ha remitido una comunicación al Parlamento y Consejo Europeos en la que muestra su intención de promover en el segundo semestre una propuesta legislativa para “aumentar la proporción de vehículos de emisión cero en las flotas corporativas” con el objetivo de “ aportar importantes beneficios en términos de reducción de emisiones, competitividad para los fabricantes de equipos originales europeos y, si se acompaña de políticas adecuadas, también en términos de equidad en la transición climática”.
Desde Bruselas, entienden que aunque se tomen medidas a nivel nacional, regional y local para distintos tipos de flotas corporativas, una iniciativa legislativa a nivel europeo puede proporcionar el marco jurídico necesario a largo plazo en todo el sector. Asimismo, según indican desde Fenadismer, en esta comunicación se pone de relieve su preocupación por el envejecimiento de la flota.
De hecho, la edad media de los camiones en la UE es de 14 años, con un mercado de camiones usados de aproximadamente el doble del tamaño que el de nuevos, y una clara dinámica de primer uso en el norte y oeste de Europa, mientras que la segunda o tercera vida se da con usuarios en el sur y este de Europa. En España los camiones rígidos se aproximan a los 15 años de media y las tractoras a los nueve años.
En la preparación de la iniciativa legislativa, se examinarán distintos aspectos, como los relativos al tipo de entidades, vehículos y flotas que se priorizarán, el nivel de ambición, el impacto en la contaminación, la dimensión territorial, la evaluación de las tecnologías y el impacto de la masa y los volúmenes en las emisiones, así como la necesidad de garantizar la competitividad al tiempo que se reducen las cargas administrativas para las empresas.
Varios Estados miembros han rechazado ya la posición de la Comisión, según indican desde Fenadismer. En concreto, el Ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, junto con sus homólogos de Bulgaria, Chequia y Eslovenia le han remitido una carta conjunta, en la que señalan su preocupación por el posible establecimiento legal de la compra obligatoria de vehículos de cero emisiones para los operadores privados.
A su entender “seguir una estrategia exclusivamente eléctrica y obligar a los propietarios de flotas a comprar ciertas cuotas de vehículos de cero emisiones alterará las cadenas de suministro, aumentará los costos, retrasará la renovación de las flotas y exacerbará la escasez de mano de obra”. Por ello, proponen permitir un espacio adecuado a los combustibles alternativos y “reducir las intervenciones en la economía de mercado que pueden producir efectos colaterales negativos”.
