El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado esta semana a las organizaciones profesionales agrarias un paquete de 18 medidas que se articulan en torno a siete bloques para intentar aplacar sin éxito las protestas del sector.
Entre todas ellas, destacan medidas de refuerzo en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria a través de más inspecciones y el mantenimiento de la figura del gasóleo profesional para el sector primario.
En concreto, el Gobierno se compromete al mantenimiento de la reducción en el impuesto de hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola, con un tipo de 3,3 céntimos por litro, frente al general de 37,9 céntimos por litro.
Además, durante 2024, el Ejecutivo también ha propuesto preservar la vigencia de lasreducciones del 35% de la factura del gasóleo y en un 15% de plásticos y fertilizantes en el método de estimación objetiva del IRPF, una de las medidas extraordinarias aplicadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Está por ver si esto abre también la posibilidad de que la figura del gasóleo profesional se mantenga también en el transporte de mercancías por carretera, algo que preocupa mucho en el sector, tal y como avanzó el presidente de CETM a finales de enero.
La desaparición del gasóleo profesional en el transporte "puede significar mucho para las empresas, pero también para la economía española", tal y como explicó Ovidio de la Roza en su momento, por el impacto directo que tendría sobre los costes de los productos de cara al consumidor final y, consecuentemente también sobre la inflación.
Está por ver, en el caso de que el Gobierno finalmente decida acabar con el gasóleo profesional en el transporte, si estas consideraciones serán suficientes para impedirlo o si el sector tendrá que movilizarse como lo está haciendo el campo.
