El país galo había entregado esta cantidad a la naviera por operar un servicio público, pero según la justicia europea, no se cumplían las condiciones necesarias para obtener esta prestación.
La naviera acarrea pérdidas de 250 millones de euros y, además de la resolución que obliga a devolver las ayudas de 2006, hay en marcha una segunda alegación que obligaría a devolver las ayudas del periodo 2007-2013.