El acuerdo alcanzado en la Comisión Parlamentaria constituye una versión cercana al texto que se aprobará definitivamente, pero existe la posibilidad de que alguna parte experimente modificaciones.
El Banco de España asegura que el 56,5% de las empresas pagan dentro del plazo legal, pero los datos declarados por ellas lo elevan al 77,6%, lo que exige cambios en el método de contabilización.
Para la Plataforma Multisectorial contr la Morosidad, las sanciones serían "la única manera" de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley.
La puesta en marcha de la nueva normativa se podría demorar hasta 2019 si no se celebra cuanto antes la primera reunión de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad para tratar el asunto.
El proyecto se tramita con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión Europea, ya que el plazo para la transposición de la Directiva europea expiró en 2016.