El presidente de la Autoridad Portuaria afirma que se hizo un seguimiento "exhaustivo" de las obras de ampliación, por lo que se demostrará que no hubo desfalco.
Según la juez, la defraudación económica denunciada no es de relevancia en el ámbito nacional, por lo que no corresponde a la Audiencia Nacional dictaminar la sentencia.
Según la anterior declaración de los tres técnicos de la Olaf, el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel habrían sido falsificados.
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública.
La extensión de las respuestas españolas a los organismos comunitarios, junto a las necesarias reuniones a mantener tras su análisis, retrasarán el dictamen europeo.
La subvención debía haberse abonado antes de octubre de 2012, mientras que la decisión europea de librarse del compromiso se produjo en octubre de 2014, con el plazo vencido.
No obstante desde la Dirección general de Fondos Comunitarios ya no ven motivos para reintegrar nada, porque "no hubo perjuicio para las arcas comunitarias".
La idea es solicitar y reunir la información pertinente en enero, analizarla y solicitar las correspondientes comparecencias en febrero, con el fin de establecer las conclusiones en marzo.