Fenadismer había denunciado ante la Comisión Europea la decisión del gobierno francés de trasladar los costes del control del cumplimiento de la Ley Macron a los propios trabajadores.
La Ley Macron establece que las empresas transportistas desplazadas deben acreditar que el conductor asalariado percibe, al menos, el salario mínimo de Francia.
Los certificados en papel emitidos antes del 1 de enero 2017 seguirán siendo válidos durante los seis meses posteriores y no tendrán que introducirse en el Sipsi.
Se cumplimentará a través del servicio Sipsi, disponible en la página web del Ministerio de Trabajo galo, donde será necesario incluir los datos de la empresa y el representante legal.
La normativa, según el análisis realizado desde Timocom, ha motivado múltiples protestas por parte de las asociaciones de transporte y sindicatos de varios países.