La tardanza del consistorio lucense en tramitar los permisos coloca al sector entre la espada y la pared si quiere atender a sus clientes con la flexibilidad que demanda el mercado.
El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos comerciales de cara a la entrada en vigor el Real Decreto 563/2017 sobre inspecciones técnicas.
Con la inversión prevista, el grupo espera mantener la tendencia de incremento de facturación, que pasó de 203,5 millones en 2012, a 218 en 2013 y 238 en 2014, un 8,5% más.
El pleno del Ayuntamiento de Lugo insta a la Xunta de Galicia a realizar las gestiones ante el Gobierno de España para que esta provincia disponga de una autoridad portuaria propia.