La medida podría aplicarse a los vehículos pesados y los comerciales ligeros que utilizan la red nacional de carreteras, con lo que se podría recaudar unos 550 millones de euros anuales.
El Consejo de Estado recuerda al gobierno que está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de esta medida "que no ha sido derogada".
Si bien no se ha presentado un proyecto formal, la administración gala ya empieza a exponer sus ideas sobre la posibilidad de retomar la implantación el impuesto.
La Administración retrasa a 2017 la reforma o recisión de los contratos con las concesionarias de autopistas, algo que estaba previsto abordar en 2016.