Los tres procesados han sido condenados por malversar 8,7 millones de euros en la operación de compra y venta de 119 naves industriales, y cumplirán una pena de 4 años de cárcel.
Tras dos breves intervenciones, Iglesias se ha acogido al derecho a no declarar y a pedido a los diputados que tengan en cuenta sus declaraciones ya realizadas ante los jueces de Zaragoza.