El Tribunal General de la UE desestima dos recursos interpuestos contra la decisión de la Comisión de anular el régimen de las ayudas fiscales al sector naval articuladas por la Administración española.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que la Comisión ha realizado un análisis erróneo para determinar si existe una ventaja fiscal en este caso.
Las bonificaciones fiscales del "tax lease" deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Ambos consistorios alegan que no tiene sentido que se incentive la adquisición de estas unidades cuando las propias ciudades limitan su acceso cuando aumentan los niveles de contaminación.
La comisión encargada de asuntos relativos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha analizado el recurso que interpondrá el Gobierno español contra la decisión de Bruselas de exigir la devolución de las ayudas del antiguo tax lease recibidas entre los años 2007 y 2011.
La decisión de la Comisión Europea supone reducir dos años las pretensiones iniciales del Comisario Joaquín Almunia que exigía devolver las ayudas desde el año 2005.
El objetivo que el Gobierno ha consensuado es presentar un recurso "muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando", antes de que finalice el plazo el próximo 28 de septiembre.