Los profesionales del transporte por carretera (y los ciudadanos en general) llevamos demasiado tiempo siendo testigos de continuos dimes y diretes que amenazan con la implantación de peajes en la red viaria que hasta la fecha es de uso gratuito.
En los últimos meses estos globos sonda se han avivado como arma arrojadiza durante la campaña electoral de junio y julio, con declaraciones del director general de la DGT incluidas, desmentidas por el Gobierno y ratificadas por Bruselas. Un verdadero “cacao”, como suele decirse.
Lo más irónico de esta medida son las excusas utilizadas para respaldarla, a saber:
1. El que usa, paga. (¿y si lo aplicamos a las escuelas, las comisarías, los hospitales o las papeleras en las ciudades?)
2. El que contamina, paga.
3. No nos alcanza el presupuesto para mantener la red de autovías y el dinero recaudado se destinará a su mejora.
4. Es una imposición de Europa ya que España debe adaptar su legislación en 2024 para cumplir con la última directiva sobre la 'Euroviñeta', aprobada el año pasado.
Sin embargo, en nuestra opinión, resulta claro que este canon tiene un objetivo puramente recaudatorio, ¡es un repago en toda regla! porque los usuarios de las carreteras ya contribuimos al mantenimiento de estas infraestructuras mediante el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que cada año mete en la hucha de la Hacienda pública más de 22.000 millones de euros y no se ofrecen garantías de que los fondos obtenidos se destinen a mejorar la red viaria -unos 1.300 millones anuales-.
Por tanto no es un problema de falta de recursos sino de un acertado ajuste de prioridades presupuetarias. La excusa de que "quien contamina paga, para incitarle a contaminar menos” no se sostiene pues no existen pruebas de que en otros países donde la 'Euroviñeta' está en vigor desde hace años, como Holanda, Bélgica o Alemania, se haya logrado reducir el impacto ambiental de manera significativa gracias a ella.
En los últimos tiempos este mantra incluso se está empezando a sustituir por “quien más contamina, más paga", haciendo caso omiso de la ausencia real de alternativas viables para la sustitución de los motores de combustión interna (y esto será así durante muchos años aún) que los usuarios de la carretera puedan utilizar para evitar (en realidad, para minorar) el pago en las carreteras.
Resulta claro que este canon tiene un objetivo puramente recaudatorio, ¡es un repago en toda regla! porque los usuarios de las carreteras ya contribuimos al mantenimiento de estas infraestructuras mediante el Impuesto Especial de Hidrocarburos.
La implementación del peaje generalizado dañaría gravemente al transporte de nuestro país, impactando muy negativamente en nuestro tejido productivo y reduciendo nuestra competitividad (aparte de distorsionar gravemente los flujos de vehículos que busquen las carreteras exentas).
Nuestro pujante sector exterior, que es uno de los pilares fundamentales del PIB español, se vería directamente afectado, ya que las empresas transportistas son clave para el comercio internacional y la entrega puntual de productos a nuestros clientes europeos (casi el 80 % de nuestras exportaciones a la UE se realiza por carretera).
Tampoco podemos olvidar que en España el 96% de nuestras mercancías utiliza ese modo. Los peajes son un repago -injusto y perjudicial- que solo busca aumentar los ingresos del Estado sin garantizar mejoras significativas en nuestras carreteras. En lugar de cargar a los ciudadanos y profesionales con más impuestos, el nuevo Ejecutivo debería gestionar mejor sus recursos. Nos jugamos mucho en ello.
