Tras posponerse el juicio en septiembre del año pasado, finalmente la Audiencia de Valladolid ha impuesto penas pactadas que suman siete años y medio de cárcel para los cuatro liquidadores de las vallisoletanas H. de la Calle y Argach Buru, por descapitalizarlas una vez adquiridas, e incluso dejar de pagar a sus empleados.
Los condenados también deberán abonar, en concepto de responsabilidad civil, un total de 1.675.000 euros a Transportes Argach Buru por el valor de la flota de vehículos que se hizo desaparecer de la sociedad, así como otras multas por diferentes cuantías.
Concretamente, se vendieron las flotas de ambas compañías, valoradas en 798.400 euros la de H. de la calle y en 1.720.645 euros la de Argach Buru, sin que se conozca dónde han acabado tanto los vehículos, como el dinero obtenido, al no haberse documentado las operaciones, aunque se estima que una parte podría haberse desviado a sociedades relacionadas con los acusados.
Se estima que la operación dio lugar a una sistemática salida de bienes y fondos de las dos empresas castellanas de transporte, que resultó en su descapitalización y que impidió dar continuidad a sus actividades, así como atender sus obligaciones con sus acreedores, incluyendo proveedores y los propios trabajadores que dejaron de percibir sus emolumentos al menos desde el mes de octubre de 2012.
