UNO reclama el papel clave de la logística en un escenario mundial dominado por una incertidumbre que se ha convertido en algo estructural.
En una entrevista concedida a ABC, el presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, ha señalado que España tiene que saber aprovechar sus ventajas competitivas y geográficas y convertirse en un centro de referencia logística, como punto de conexión entre Asia, África y Latinoamérica, ya que considera este país el sitio idóneo para la distribución posterior a nivel europeo.
Tanto es así que España es el país con mejor evolución en el índice de desempeño logístico que elabora el Banco Mundial, pasando de un 3,63 en 2010 a un 3,9 sobre cinco en la actualidad en aspectos como las facilidades aduaneras, las infraestructuras o la calidad. En este sentido, recuerda que en nuestro país este sector representa el 8% del PIB y da empleo a más de un millón de personas.
El presidente de UNO ha subrayado que la logística empezó la pandemia siendo un sector esencial y que ha convertido a la logística en un sector estratégico, al tiempo quepide una mejor fiscalidad, apuntando a que solo el 61,3% de los costes de capital son deducibles, así como una flexibilización del marco laboral.
También ha mostrado su malestar con respecto a la dispersión regulatoria y las políticas de suelo en España, pidiendo una homogeneidad que sea igual para todas las administraciones, tanto a nivel autonómico como municipal.
Aranda hace énfasis concretamente en la gestión de suelo, recordando que en algunos casos se tarda hasta diez años en obtener una recalificación, con el riesgo de pérdida de inversión que puede suponer para el país.
Por ello pide una mayor involucración del Ejecutivo central y que venda España como una plataforma logística, ya que, a su juicio, tener buenas infraestructuras logísticas es lo que hace atraer industria, haciendo énfasis principalmente en el desarrollo del ferrocarril o la electrificación.
Por último, Aranda se muestra convencido de que ganarán la causa contra la "Tasa Amazon"impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, que también ha sido recurrida por la Generalitat de Cataluña.
