Después de que el administrador concursal de Unipost solicitara en diciembre de 2017 la liquidación del grupo postal, sus propietarios han presentado una solución de emergencia con la que pretenden evitar a toda costa el cierre, tal y como ha publicado Economía Digital.
Así, la familia Raventós ha presentado alegaciones contra la petición de liquidación, indicando que esta medida no beneficiará el mantenimiento del empleo y supondrá la pérdida de clientes, además de dificultar la venta, que los sindicatos consideran tan necesaria.
Para frenar este proceso, proponen un agresivo plan de viabilidad que llevaría al operador a salir de los números rojos, tras años retrasando el pago de las nóminas y las pagas extra. Su propuesta incluye el cierre de los centros que no son rentables, la reducción de gastos de alquiler y los generados con los proveedores, y la venta de activos por valor de nueve millones de euros.
También plantea 900 despidos en enero de 2018. De ellos, 454 están previstos en el ERE presentado, a los que se sumarían otros 450 como consecuencia del cierre de instalaciones. Asimismo, a los trabajadores que continuasen en la empresa, se les congelaría el salario, pese a que deberían aumentar en un 12% en 2018.
Por otro lado, el plan prevé ajustar los periodos de cobro e incrementar un 6% los precios de los contratos con los clientes para aumentar la facturación y reclamar al Gobierno daños y perjuicios por las ayudas públicas recibidas por Correos.
A nivel financiero, propone recuperar los contratos de financiación circulante con Bankia y Bankinter, por 1,5 millones de euros, así como solicitar un crédito de dos millones de euros. El objetivo, según se indica en las alegaciones presentadas, no sería quedarse con Unipost, sino poder venderla una vez recuperada económicamente.