El Tribunal Supremo ha condenado a tres navieras a pagar 9,66 millones de euros a la Diputación Foral de Vizcaya a consecuencia del cierre en noviembre de 2010 de la línea de ferry Bilbao-Portsmouth, ya que la Diputación les había adelantado esa cantidad para reservar 35.707 plazas en esos barcos.
Se trata de las navieras P&O European Ferries Vizcaya, P&O European Ferries Portsmouth Limited y P&O Ferries Holding Limited, que han sido a condenadas a este pago más los intereses de demora y costes judiciales, por lo que la cuantía se eleva a los 11,2 millones de euros.
La demanda por parte de la Diputación Foral había sido rechazada anteriormente por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y por la Audiencia de Vizcaya, absolviendo a las navieras, pero el Tribunal Supremo ha estimado el recurso y considera que tiene derecho a que se le reintegre el dinero abonado por las reservas de billete que tuvieron que cancelarse por el cierre de la línea.
Actualmente, la compañía a la que se compraron los bonos ya no existe, pero el fallo del Supremo estipula que será la sociedad matriz de la anterior la que deberá hacer frente al pago.
El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha exigido rectificaciones públicas al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, al PP, al PSE-EE y a la izquierda abertzale, por afirmar que en el caso de los bonos del ferry se había producido una "pérdida patrimonial" de la institución foral, y por reclamar a la Diputación que abandonara la vía judicial para obtener la devolución del pago por los bonos adquiridos por la institución foral.