Seopan, patronal que agrupa a las grandes constructoras, ha cuantificado en un máximo de 6.828 millones de euros anuales los ingresos que se podrían obtener implantando peajes en las autovías mediante un sistema de tarificación por uso. Este cálculo máximo se ha establecido teniendo en cuenta unas tarifas de entre 0,03 y 0,14 euros por kilómetro.
Para la próxima legislatura, Seopan propone una alternativa de inversión público privada unida a un escenario de pago por uso en el que se podrían obtener, en base a unos peajes blandos, 8.200 millones de euros mediante la tarificación de las carreteras. Una medida que afectaría tanto a vehículos pesados como ligeros, en este caso con un peaje más reducido.
Sin embargo, ha reconocido que esta medida no se implantará en un año electoral, pero que, aunque es una decisión compleja, es más equitativo que el ciudadano pague por usar la infraestructuras que los presupuestos públicos tengan que soportar los gastos de conservación de estas carreteras.
Además, aplicar el pago por uso en las vías de alta capacidad requeriría de una inversión inicial de 627 millones de euros y unos gastos operativos anuales de 247 millones al año.
Esta fórmula, permitiría según la patronal, asegurar el mantenimiento de la red, internalizar los costes externos del transporte, racionalizar el uso de la red existente, liberar recursos a otras prioridades sociales y gestionar la demanda de tráfico. La red española es la más extensa de la Unión Europea con 16.455 kilómetros.
En Alemania, implantar peajes en las autovías ha permitido obtener unos ingresos acumulados de 39.000 millones (4.500 millones/año), ha subrayado Seopan. Además, ha afirmado que "tiene sentido" desviar tráfico pesado de las carreteras convencionales más congestionadas a autopistas a cambio de una bonificación del 50%.
Plan de rescate de las autopistas
Por otro lado, la liquidación de las ocho autopistas de peaje en quiebra costaría al Estado 8.000 millones de euros y comprometería el cumplimiento del objetivo de déficit de España para el año 2016, según ha indicado Seopan.
El coste para el Estado de una eventual liquidación corresponde a la suma de los 5.700 millones de euros a los que, según el sector, asciende la responsabilidad patrimonial del Estado ante las vías y de los 2.342 millones de euros que calcula podrían suponer los recursos y reclamaciones que se presentarían en los tribunales.
Según Seopan, todo ello "comprometería" aún más el cumplimiento del objetivo de déficit de España en el ejercicio 2016, dado que elevaría en entre 0,45 y 0,57 puntos dicho déficit público.
Así, la patronal considera que el objetivo que se ha marcado el Gobierno de que el rescate de las autopistas en quiebra no cueste un sólo euro para los españoles sólo se garantiza si prospera el plan del Gobierno de fusionarlas en una empresa pública tras realizar una quita del 50% en la deuda de casi 4.000 millones de euros que actualmente soportan.
Negociación entre el sector y el Gobierno
Seopan asegura que el Ejecutivo sigue trabajando para materializar este plan. "El proyecto sigue vivo y se sigue trabajando en él", ha indicado la asociación que representa a las concesionarias de las autopistas.
No obstante, ha advertido de que la consecución de un acuerdo entre los bancos, las autopistas y el Gobierno para crear esta nueva sociedad pública de autopistas pasa por consensuar el tipo de interés que el Estado abone por el bono a treinta años en que se convertirá el pasivo con que se quedarán las vías tras la quita.
En este punto, en el que actualmente está centrada la negociación, Seopan asegura que no se logrará un acuerdo en el caso de que no se abone una remuneración similar a la que paga el Tesoro para títulos similares, esto es, un tipo de alrededor del 2%, el doble respecto al 1% que propone inicialmente el Gobierno.
"Para que la operación se cierre, el tipo de interés de esta deuda debe ser superior al 1%. Sólo es posible el acuerdo si se abona un tipo de interés similar al del Tesoro", ha aseverado Seopan.