El embargo ruso ha sido prolongado hasta el verano de 2016.
Un año después de que Rusia limitase la importación de algunos productos procedentes de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Noruega, como medida de presión a las naciones que impusieron sanciones en su contra a raíz del conflicto ucraniano, el Kremlin parece dispuesto a reforzar esta estrategia.
Así, la destrucción de todos los productos perecederos occidentales que lleguen a este país, decretada por la administración a finales de julio, no se ha hecho esperar, eliminándose 114 toneladas de carne porcina y 290 tn de productos vegetales sólo apenas dos días después de que la norma entrase en vigor, según informaron desde el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia.
Ahora, la administración no sólo no da marcha atrás en esta política, sino que, después de ampliar el embargo agrícola a otros cinco países, el vice primer ministro ruso, Arkadi Dvorkóvich, ha señalado para la cadena Rossiya 24 que el ejecutivo seguirá recurriendo al veto alimentario para los países que se unan a las sanciones contra Rusia.
En la misma entrevista, Dvorkóvich también ha indicado que "estudiarían la posibilidad" de disminuir las medidas de respuesta si se "alivian" dichas sanciones, señalando que algunos alimentos podrían excluirse y otros incluirse en la lista de mercancías prohibidas.
Mientras tanto, el ejecutivo espera la colaboración de los ciudadanos. Para ello, las autoridades han creado servicios telefónicos de línea directa en los que denunciar posibles casos de venta de productos alimentarios sujetos a sanciones.
No obstante, la destrucción de estos ya ha sido criticada por algunos medios locales, que defienden la venta de dichos alimentos a las capas más desfavorecidas de la sociedad rusa a un precio bajo.