El gobierno interino de Países Bajos ha aprobado planes para reducir el número de vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol a 460.000 al año a partir de noviembre de 2024, con el objetivo de disminuir la contaminación acústica para los residentes cercanos.
Este límite de vuelos ha supuesto el inicio de una serie de batallas legales con las aerolíneas y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, liderada por KLM, argumentando que viola las leyes de la Unión Europea debido a la falta de consulta con el sector aéreo.
De hecho, la propia KLM ha criticado estas restricciones operativas y ha expresado su descontento, argumentando que socava décadas de desarrollo para una de las instalaciones aeroportuarias clave del continente europeo tanto para tráficos de pasajeros, como de carga aérea.
La aerolínea ha propuesto un plan alternativo que busca reducir la contaminación acústica mediante el uso de aviones más silenciosos y operaciones más eficientes, en lugar de recortar vuelos. Sin embargo, el gobierno ha avanzado con las restricciones.
Asimismo, varias asociaciones de la industria aérea han expresado su oposición a estas medidas y señalan que podrían tener graves consecuencias, además de criticar que un gobierno interino haya tomado una decisión tan significativa.
En este sentido, la mencionada IATA, la EBAA y la ERA han emitido una declaración conjunta advirtiendo que los recortes de capacidad en el transporte aéreo no deben ser liderados por un gobierno interino.
La alianza de aerolíneas y asociaciones ha llevado el caso ante el Tribunal Supremoy, además, advierten que estos recortes afectarán negativamente a los servicios de pasajeros y carga, y que acelerar el proceso podría provocar represalias internacionales.
Por su lado, Aci Europe considera la medida inaceptable debido a la falta de consideración de alternativas que podrían haber logrado los objetivos de mitigación de ruido sin reducir la capacidad, además de considerar que está influenciada por consideraciones políticas previas a las elecciones nacionales en lugar de priorizar la economía y el empleo en los Países Bajos.
