El 5 de mayo, el Partido Socialista de Navarra, Podemos, EH Bildu y Ezquerra han registrado en el Parlamento Foral la proposición de ley reguladora del canon de uso de uso de las carreteras, para su tramitación urgente.
El objetivo es poner en marcha, antes de diciembre de 2023, el cobro de peajes a los camiones de más de 3,5 toneladas que circulen por las autovías A-1, A-10 A-15, A-68 y la carretera N-121.
Para su gestión, la nueva norma prevé la creación de una empresa pública encargada de la implantación del sistema de control y de su cobro, cuya recaudación se destinará a la conservación y explotación viaria pero también a otras políticas ajenas a las infraestructuras, como la protección del medio ambiente.
Desde Fenadismer, lamentan "la nula sensibilidad mostrada por el Gobierno de Navarra" en su propósito de seguir adelante con su objetivo de establecer más gravámenes a los transportistas, a pesar de la situación económica que atraviesan.
Igualmente, critican la "falta absoluta de respeto" al acuerdo entre las asociaciones nacionales y el Gobierno de no imponer peajes sin consenso previo con el sector.
Por ello, la Federación advierte al Gobierno de Navarra que su negativa a consensuar su aprobación con el sector obligará a las asociaciones a impugnar la norma judicialmente, como ya ocurrió en el caso de los peajes a camiones aprobados unilateralmente por la Diputación de Guipúzcoa y que supuso su anulación.
En este sentido, cabe recordar el Informe Fiscal encargado en su día por Tradisna, en el que se justificaba la contribución que el sector ya realiza a las arcas forales, en concreto de aproximadamente 275 millones de euros al año, cuantía equivalente al 7% del total de la recaudación tributaria del fisco navarro.
