Comsa estuvo interesada en la portuguesa CP Carga
El Gobierno portugués ha anunciado recientemente la venta de la división especializada en carga de los ferrocarriles de Portugal, CP Carga, a la filial portuguesa de MSC, mientras que ha optado por suspender el concurso por la Empresa de Manutención de Equipos Ferroviarios, EMEF. Las dos privatizaciones contaban con la oposición de los sindicatos ferroviarios.
La venta de CP Carga, dedicada al transporte de mercancías, supone la transferencia del 100% de las acciones de la compañía, hasta ahora en manos del Estado, a la firma MSC Rail, que competía con Springwater y Athena y la también portuguesa Cofihold.
El Gobierno ha justificado su decisión por la "calidad y credibilidad del proyecto estratégico presentado", así como por "el valor incluido en la propuesta financiera global".
"El valor global de la transacción, entre el precio de las acciones, la adquisición de créditos y los compromisos de capitalización, suma 53 millones de euros", ha revelado el gobierno. Además, la oferta de MSC también representa "la mejor solución" a las deudas que mantiene CP Carga con entidades públicas lusas.
En el caso de EMEF, centrada en operaciones de mantenimiento ferroviario, el Ejecutivo ha considerado que no se reunían las condiciones para proseguir con su privatización debido a una denuncia presentada por la canadiense Bombardier ante la Comisión Europea que acusa a la firma de recibir ayudas públicas de forma ilegal. A la venta de esta empresa pública sólo llegó a la fase final un candidato, la francesa Alstom.
"La queja interpuesta en Bruselas por uno de los competidores, Bombardier, de EMEF en el mercado portugués ha imposibilitado su privatización y representa una amenaza para el futuro de la empresa", ha alertado el gobierno, que ha acusado a la firma denunciante de intentar "eliminar" a su rival.
El Gobierno luso ha aprobado varias importantes privatizaciones a lo largo de la última legislatura, entre ellas la de Energías de Portugal (EDP), Redes Energéticas Nacionales (REN), la concesionaria de aeropuertos ANA, la empresa de Correos estatal (CTT) o más recientemente la aerolínea TAP.
Estas ventas, que han supuesto un ingreso total superior a los 9.000 millones de euros, un 5% del PIB luso, forman parte de la estrategia de reducción del déficit público del país, que ha sido criticada por la oposición.