El Gobierno de Melilla se ha ofrecido hoy a colaborar para que la línea marítima entre la ciudad autónoma y Motril se mantenga, a pesar de haber quedado excluida del contrato de servicio público que subvenciona las conexiones con Málaga y Almería.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo melillense, Daniel Conesa, ha resaltado que la voluntad de la Ciudad Autónoma es que cuantas más rutas haya mejor, pero ha querido dejar claro que la fórmula que se plantea desde Motril no es posible y lo que habría que buscar son alternativas.
Desde el punto de vista legal no se puede declarar como servicio público la línea Melilla-Motril, por lo que ha rogado a la plataforma creada por distintas organizaciones motrileñas que dejen de "perjudicar" los intereses de los melillenses.
Para el portavoz del Gobierno autonómico, los planteamientos que defienden desde Motril "no tienen sentido", por lo que lo único que se puede pretender es que desaparecieran las subvenciones para las rutas de Almería y Málaga, algo que, a su juicio, también terminaría perjudicando al puerto motrileño, ya que las navieras apostarían entonces por las rutas históricas.
La Ciudad Autónoma va a esperar a que María Mercante anuncie la adjudicación del contrato a una de las tres navieras que se han presentado, a las que se ha pedido una justificación de la oferta económica que han presentado.
Acciona Trasmediterránea ha presentado una oferta económica de 7,6 millones para dos años, mientras que Balearia y Armas han cifrado en 14,1 y 17 millones de euros, respectivamente, la prestación del servicio.
Las tres ofertas están muy por debajo de los 25 millones del precio de licitación, aunque en el caso de Acciona Trasmediterránea Conesa considera que la bajada es "desproporcionada", ya que está muy por debajo de los precios de los dos concursos anteriores, que quedaron desiertos.
Una vez que se conozca la empresa adjudicataria, el Gobierno melillense se ha mostrado dispuesto a hablar con Armas, la naviera que cubre la ruta con Motril, para ver cuáles son sus intenciones y poder buscar "fórmulas legales" para su continuidad.
Eso sí, Melilla reclama que, en caso de que hubiera riesgo de desaparición, también se implique la Junta de Andalucía, habida cuenta de que sería Motril la principal perjudicada.