En Madrid y Barcelona piden la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los vehículos más respetuosos con el medio ambiente.
Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido al Estado que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con medidas como la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel.
En este sentido, alegan que no tiene sentido que se siga incentivando la adquisición de estas unidades por parte del Estado cuando las propias ciudades limitan su acceso al núcleo urbano en el momento en que aumentan los niveles de contaminación.
Ambos han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno, entre las que se incluye la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y la obligatoriedad de la identificación con la etiqueta de la DGTen función del potencial contaminante, con descuentos en peajes en función de su clasificación.
También reclaman el perfeccionamiento de este sistema con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales híbridos de bajas emisiones, así como el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionalesmás contaminantes.
En este contexto, desde los consistorios de ambas ciudades piden modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.
De la misma manera, proponen revisar la fiscalidad y las tasas portuarias y aeroportuarias para promover la diferenciación en función del nivel de contaminación y aplicar normativas autonómicas que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como la mejora de los controles de emisiones en las ITV.