A finales de diciembre, Fenadismer y varias asociaciones territoriales de transportistas han interpuesto una macrodemanda contra las principales compañías petrolíferasque operan en España por elevar artificialmente, durante más de una década, los precios finales de los carburantes.
Se trata de una reclamación multimillonaria contra lo que se conoce como el cártel de las petroleras, tras las actuaciones de vigilancia de la Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años y que dieron lugar a una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra Repsol, Cepsa y BP, confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Desde entonces, la CNMC ha venido constatando que dichas prácticas se han seguido produciendo y que estas operadoras "continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos", fijando un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y en contra de los intereses de transportistas y ciudadanos en general.
Una prueba palpable de estas "prácticas abusivas" se sufrió durante los primeros meses de la pandemia, cuando la "espectacular" bajada del precio del petróleo en más de un 60% apenas se trasladó a los precios de los carburantes, que cayeron un 10%. Se incrementaron así "de forma escandalosa" sus márgenes de comercialización, como en la crisis económica de 2008.
En la primera demanda colectiva interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, se ha reclamado un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado.
En los próximos meses, se espera interponer una nueva demanda por parte de aquellos transportistas que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación, lo que podrán hacer a través de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras.
