A finales de la semana pasada, Comisiones Obreras y UGT han mantenido una reunión con los representantes autonómicos de Baleares y Canarias para analizar una posible exención en el uso del tacógrafoen los servicios que se realizan en ambos archipiélagos.
En el encuentro, las centrales sindicales han defendido que esta posibilidad constituye "una barbaridad, ya que la norma que regula el tacógrafo, prioriza sobre todo la seguridad vial", por lo que, según argumentan, "pretender reducir los estándares de seguridad vial en nuestros archipiélagos, modificando el uso del tacógrafo para que deje de medir fehacientemente la jornada de trabajo y, sobre todo los descansos, es del todo inaceptable".
Por contra, las dos entidades abogan por la derogación de la normaque permite establecer excepciones al uso del aparato de control en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados, dado que, alegan, "cada vez que se ha modificado la normativa sobre el tacógrafo, ha sido para empeorar un trabajo que no destaca por las buenas condiciones laborales".
Comisiones Obreras y UGT se muestran preocupados por una iniciativa que, a su juicio, se pretende tomar "sin que se haya puesto de relieve cuál es su motivación y sin que se haya explicado qué se quiere conseguir con esa adaptación".
Al tiempo, ambos sindicatos destacan "el intenso vínculo existente entre las condicionales laborales y la seguridad vial, pues, cuanto más largas sean las jornadas mayor riesgo se asume de accidentalidad debido a la fatiga. Por lo que no solo hablamos de la seguridad de los trabajadores, sino de todos los usuarios de las vías".
Los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias llevan a cabo gestiones para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establezcan una excepción al uso del tacógrafo en sus territorios, de acuerdo con la normativa europea.
