El Comité de empresa y delegados de personal de Barcelona Towage han celebrado recientemente dos asambleas en las que, por unanimidad, han decidido adoptar todas las medidas y acciones legales que consideren oportunas ante la negativa de la empresa "a abonar a sus trabajadores lo pactado por convenio".
Coordinadora-Otep, con miembros en el Comité de empresa en Rebarsa y con delegado de personal en la empresa P&O Reyser ha denunciado que éstas “solo ofrecen enrevesadas e ineficaces opciones que merman considerablemente nuestro poder adquisitivo”.
Acusan a su vez a la patronal de haber “roto la paz social a cañonazos porque han mentido y engañado a todos los trabajadores hasta conseguir su objetivo”, que era la licencia de remolque en el puerto de Barcelona.
En el año 2021 no se denunció el convenio, por lo que este quedó prorrogado automáticamente, si bien la empresa pagó la subida salarial acordada pese a que aún no tenían licencia para la prestación del servicio de remolque.
Desde el Comité han asegurado que se actuó de esta manera por la parte social para facilitar la renovación de la licencia y salvaguardar la paz social pese al gran aumento de maniobras de remolque efectuadas y la correspondiente carga de trabajo en el personal embarcado en los buques remolcadores.
En este sentido, en el año 2022, la empresa y los responsables sindicales tampoco denunciaron el convenio con el argumento de que todo se haría igual que el año anterior.
La diferencia, apuntan, es que la empresa ahora sí tiene licencia de remolque para operar en el puerto de Barcelona y es por eso que no querrían abonar lo que el año pasado sí que se hizo sin ningún problema.
Coordinadora considera que las empresas han actuado de mala fe y que actualmente están haciendo un "ejercicio de desconsideración y menosprecio hacia el trabajo realizado por todos los trabajadores de remolcadores en estos últimos años".
Con todo ello, el sindicato tiene previsto informar a la Autoridad Portuaria del puerto de Barcelona del malestar en la plantilla y de las consecuencias que tendría para la fluidez del tráfico de los barcos si se adoptan medidas de presión.
Asimismo, Coordinadora solicitará nuevas reuniones con los distintos organismos públicos, la Dirección General de la Marina Mercante y también a través de su Capitanía Marítima en Barcelona, Puertos del Estado, e Inspección de trabajo para informar de esta situación y de otros posibles incumplimientos de las empresas.
