La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos defiende que hay que atajar tanto a la entrada de diésel ruso a España vendido a través de terceros países, de la que ya alertó el sector el pasado mes de abril, como otras prácticas fraudulentas que se producen en el mercado de distribución de combustibles líquidos.
La organización apunta que desde 2015 se viene produciendo un fraude en materia de IVA, ocasionando, según su criterio, no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final.
Por otra parte, según la entidad existe también un fraude en la venta de biocarburantesconsistente en que, a medida que han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes, también se han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener, de tal manera que en seis años, la cantidad adeudada se ha multiplicado por cincuenta, hasta alcanzar los 72,5 millones de euros en 2021.
Este fraude implica, según la AOP, en primer lugar, un perjuicio para el medio ambiente al retrasar el cumplimiento efectivo de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la movilidad y, además, supone una alteración del buen funcionamiento del mercado, que perjudica la competitividad de los operadores que cumplen la normativa, frente a los que defraudan.
La entidad defiende que todas estas actuaciones fraudulentas a afectan a la competitividad del sector, a la eficiencia energética, a la reducción de emisiones de CO2, a la seguridad de suministro y a la recaudación impositiva, por lo que plantea una serie de medidas para ahondar en su erradicación.
Así pues, en primer lugar, como medida que puede tener un efecto transversalpara evitar el fraude de todas las obligaciones que recaen sobre los operadores al por mayor, la AOP reclama la aprobación de una norma legal que establezca la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad
Por otro lado, contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales, la asociación estima que debe ponerse especial cuidado en una temprana reacción contra los defraudadores para que el impacto económico sea mínimo.
Finalmente también se pide que se abran expedientes sancionadores a todas las entidades que no cumplan con su obligación de venta de biocarburantes y que se conecten los sistemas de los depósitos fiscales con las entidades de certificación y control correspondientes para tener una trazabilidad del producto de cada operador.
