Barco soltando agua de lastre en el puerto.
La entrada en vigor el pasado 8 de septiembre del convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques supondrá un enorme desafío y una nueva carga financiera para los armadores, en un momento en el que muchos mercados de fletes arrastran una situación de crisis.
Adaptar la flota a estas nuevas especificaciones implicará unas inversiones de 100.000 millones de dólares, equivalentes a 84.300 millones de euros al cambio, en los próximos cinco años, según Araiz Basurko, responsable del Gabinete de Seguridad y Medio Ambiente de Anave.
Al mismo tiempo, estos cambios constituyen una oportunidad para la industria auxiliarproveedora de los equipos que es necesario instalar a bordo de los buques, cuyos requisitos de homologación deben cumplir la reglamentación de la OMI y, en su caso, la del USCG, mientras que para la administración marítima, responsable del cumplimiento de esta nueva reglamentación, significa que debe dotarse de los recursos y la organización necesarios para vigilar su cumplimiento.
Este convenio internacional ya ha sido ratificado por 65 Estados que representan casi el 74% del arqueo de la flota mercante mundial.
En julio, el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI acordó retrasar hasta en dos años la aplicación del convenio para algunos buques, con el fin de adaptar de una forma más progresiva los buques existentes al cumplimiento de los requisitos del convenio, que se aplicará a toda la flota en 2024.