Para que el sector inmologístico funcione adecuadamente y las empresas puedan disponer de suelo e instalaciones adecuadas en las mejores condiciones y a precios de mercado es imprescindible que se engrase la colaboración público-privada.
En muchas ocasiones existe una tensión palpable entre la tramitación administrativa que proporcionan las administraciones municipales y autonómicas y la rapidez “en el papeleo” que demandan las empresas involucradas en el desarrollo de los proyectos que tienen muy ajustados que cumplir para evitar que las inversiones vuelen en busca de mejores condiciones.
En este sentido, suelen colisionar los tiempos garantistas que fijan las administraciones para dar el visto bueno a proyectos inmologísticos, con el vértigo que supone poner a disposición de los clientes, cuanto antes y en las condiciones exigidas, instalaciones que suponen fortísimas inversiones.
Tal y como pueden constatar las empresas del sector inmologístico español en su quehacer diario,existen grandes diferencias de criterioentre unos municipios y otros a la hora de dar el visto bueno a actuaciones similares, algo que se achaca principalmente al diferente rodaje que suelen tener unos ayuntamientos u otros, según estén más o menos acostumbrados a que les lleguen proyectos para el desarrollo de naves logísticas.
[sumario]Algunos ayuntamientos como Ribarroja de Turia, Antequera, Arteixo, Martorell, Mérida y Mondragón trabajan de manera conjunta para intentar encontrar un marco regulatorio homogéneo que facilite el desarrollo de proyectos inmologísticos. [/sumario]
Además, es precisamente esta falta de un criterio único, lo que más perturba a los actores del sector inmologístico español que ven cómo la documentación que es válida en un proyecto en determinado lugar, sin embargo, es insuficiente para poder abordar nuevas inversiones en otra localidad.
Inversiones cuantiosas, plazos apremiantes
Esta situación puede suponer un fuerte riesgo para inversiones que requieren de plazos muy ajustados, así como de ajustes en los costes, con el fin de sacar adelante proyectos en los que suelen estar involucrados múltiples actores y que requieren de una labor de orfebrería fina para que todo cuadre.
Uno de los aspectos más controvertidos a la hora de concretar desarrollos inmologísticos en España está relacionado también con la normativa de seguridad y contra incendios, especialmente garantista, incluso para aquellos casos que presentan soluciones técnicas adecuadas, y que, además, suele variar en función de las diferentes áreas geográficas, lo que dificulta el desarrollo de proyectos homogéneos, algo especialmente importante dados los tiempos que se manejan.
Esta situación, además, suele darse de la mano con una cierta lentitud,que contrasta fuertemente con la urgencia que suelen tener algunos de los clientes del sector inmologístico, que buscan tener almacenes en plazos muy cortos, lo que suele chocar con los trámites municipales y que puede traducirse en que algunos proyectos, valorados en fuertes sumas de dinero, inversiones y creación de puestos de trabajo, no acaben saliendo adelante por la falta de acuerdo.
Administraciones “especialistas”
Sin embargo, algo parece moverse en las procelosas aguas de las administraciones municipales, sobre todo en las de aquellas localidades con larga tradición en el sector.
Este es el caso, por ejemplo, de Ribarroja de Turia, un municipio valenciano en el que el equipo municipal viene mejorando la interlocucióncon los diferentes actores del sector logístico, aplicando la experiencia acumulada en desarrollos inmologísticos desde que Mercadona decidiera instalarse en el municipio a finales de los ‘80 del pasado siglo XX.
Robert Raga, alcalde de Ribarroja de Turia.
Como explica su alcalde, Robert Raga, en exclusiva a Cadena de Suministro, “la maquinaría administrativa no está bien diseñada ni bien engrasada para lo que nos pide el mercado, pero se están haciendo grandes esfuerzos”.
En este sentido, el representante municipal destaca la labor de unificación de la interlocución con el sector que se ha llevado a cabo o los planes de formación de los técnicos de la localidad, aunque sin entrar en ámbitos que corresponden en todo caso a la iniciativa privada, ya que, como recuerda el alcalde de Ribarroja de Turia, “nosotros somos gestores de suelo, no inmobiliarias”.
Es más, todo este trabajo se ha extendido para evitar que los polígonos industriales, como explica Raga, ofrezcan una mala imagen y, por el contrario, se conviertan en un escaparate para la actividad en la localidad, incluso en colaboración con municipios aledaños como Loriguilla y Cheste, con los que se ha constituido una asociación para actuar en el sector inmologístico de manera coordinada y “evitar que las inversiones se vayan a otras zonas”, toda vez que estos tres ayuntamientos valencianos cuentan con una superficie total de más de catorce millones de metros cuadrados para actividades industriales y logísticas, en una zona, además, que está viviendo un auge importante y que parece decidida a aprovechar su posición geoestratégica para generar riqueza y empleo.
[sumario]Muchos municipios cuentan con oficinas específicas y técnicos especialmente formados para poder atender las necesidades de los proyectos inmologísticos. [/sumario]
En este contexto de colaboración, el ayuntamiento de Ribarroja ofrece servicio de transporte público gratuito para facilitar el acceso de los empleados a los polígonos de la demarcación con seis paradas en sus zonas industriales. También ha suscrito un contrato de mantenimiento de larga duración, desarrolla actuaciones en materia de seguridad y señalética, además de llevar a cabo convenios para mejorar la huella de carbono de algunos operadores instalados en el municipio.
De igual modo, la corporación local participa activamente en iniciativas conjuntas con otros municipios con gran presencia de empresas del sector logístico como Mérida, Antequera, Arteixo, Mondragón y Martorell, para consensuar normativas en materia de construcción y desarrollo de inmuebles para actividades logísticas, en un esfuerzo por encontrar un equilibrio que permita aunar seguridad, garantías y facilidad para que las inversiones encuentren suelos adecuados.
