El pleno del Parlamento Europeo ha votado recientemente sobre los estándares de emisiones de CO₂ para automóviles y furgonetas y, lamentablemente, no ha optado por un enfoque pragmático que permita resolver el desafío de la descarbonización de este tipo de vehículos en Europa.
Así lo entiende Gasnam, que ha apoyado junto a más de 100 empresas y asociaciones del sector de la movilidad, la ingeniería y la energía, una carta dirigida a los miembros de la Eurocámara, en la que se pone de manifiesto que un sistema de créditos permitiría reconocer la contribución de los combustibles renovables sostenibles, así como mantener la competitividad de la industria, el empleo y la capacidad de elección.
Para llegar a ello, es necesario apostar por un escenario de neutralidad tecnológica que acelere el camino para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos. Por ello, los firmantes proponen la combinación de tecnologías que permitan reducir las emisiones de CO2 sin ignorar las diferentes realidades de necesidades del consumidor y de la industria.
Prohibición de facto
En este contexto, si la movilidad eléctrica es la solución que mejor satisface las demandas de los consumidores, tendrá éxito, pero en los casos en los que no sea factible, debería haber otras opciones. Asimismo, para reducir las emisiones de carbono, tanto la electricidad como los combustibles utilizados para propulsar los vehículos deben ser renovables.
Por lo tanto, el enfoque debe centrarse en descarbonizar el suministro de electricidad y combustibles, no en prohibir o promover uno tecnología sobre otras. Sin embargo, un objetivo de reducción del 100% de las emisiones de CO2 es una prohibición de facto de vehículos con motor de combustión interna, incluidos los vehículos híbridos enchufables.
En relación al uso de un sistema de créditos, estas empresas y asociaciones consideran que ya está suficientemente desarrollado y listo para su implementación. Además, se basa en las estructuras ya existentes para medir el uso de los combustibles en el mercado y evita una doble contabilización de las emisiones, manteniendo por separado la responsabilidad de los fabricantes y de los proveedores de combustible.
El sistema permitiría proporcionar una red de seguridad donde la electrificación directa aún no sea viable, abordar el tremendo desafío de reducir las emisiones de carbono de la flota de vehículos existente, reducir la presión de cara al rápido despliegue de la infraestructura de carga, limitar los elevados precios de la electricidad y garantizar el abastecimiento de materias primas críticas.
Infraestructura de carga
Para apostar por la energía eléctrica, es necesaria una infraestructura de carga suficientemente densa y competente, así como suficiente electricidad renovable adicional. No obstante, el progreso en el despliegue de la infraestructura de carga y la electricidad renovable es desigual entre los diferentes Estados miembros y solamente cumple unos requisitos mínimos en unos pocos.
Además, la electricidad tampoco es una solución válida para todos los casos de uso, pues las necesidades del transporte de mercancías a larga distancia superan lo que la movilidad eléctrica puede proporcionar a día de hoy y en un futuro cercano.
Por otro lado, lo sucedido durante la pandemia ha puesto de manifiesto que confiar en unas pocas fuentes de suministro puede ser contraproducente y poner en riesgo la industria europea. La electrificación de la movilidad puede ayudar reducir las importaciones de combustibles fósiles a largo plazo, pero conlleva el riesgo de crear nuevas dependencias de las importaciones de materias primas y baterías, manteniendo la creación de valor fuera de la UE.
Por último, aseguran que una transición hacia la movilidad eléctrica al ritmo que actualmente se debate, hará que sea difícil gestionar la transformación de la industria y su fuerza laboral sin interrupciones.
