Parece ser que los partidos independentistas catalanes presionan para que el futuro Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez, si es que finalmente se consigue la investidura, no autorice la ampliación del puerto de Valencia.
Esta ampliación que arrastra un retraso de varios años, implicarían una ganancia de competitividad de la dársena valenciana con respecto a un puerto de Barcelona constreñido por la falta de espacio y de nuevas infraestructuras adecuadas a las necesidades de los tráficos actuales.
A estas presiones políticas de los partidos independentistas catalanes se añadirían otras procedentes de ciertos sectores de Sumar, particularmente del ámbito de Compromís, que a pesar de haber recibidos varios reveses en el ámbito judicial, continúan alegando razones medioambientales para oponerse a la ampliación del recinto portuario de la capital del Turia, continuando con los mismos planteamientos del anterior alcalde de la ciudad.
En este contexto, los empresarios valencianos quieren que esta ampliación del puerto de Valencia siga adelante. En este sentid el presidente de de la Confederación de Empresarios Valencianos, Salvador Navarro, ha afirmado esta misma semana que "esperamos que esas supuestas negociaciones, no oficiales, pero puede que oficiosas, no deriven en la paralización de la terminal norte del Puerto de Valencia. La competencia entre comunidades es entendible pero también debe ser responsable, igual que debe serlo la actuación del Gobierno, al que pedimos que actúe con visión del conjunto del Estado y no acepte unas presiones que podrían derivar en un conflicto interterritorial".
Con la anhelada ampliación, el puerto de Valencia agrandaría su hegemonía en los tráficos de importación y exportación, principalmente en enlaces con el continente asiático, aprovechando, sobre todo, sus buenas conexiones viarias y ferroviarias con su hinterland en el centro de la península, así como unas infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades que presentan los grandes portacontenedores.
La ampliación del puerto de Valencia, con una inversión de unos 1.200 millones de euros, continúa pendiente de su autorización definitiva por el Consejo de Ministros.
