El Parlamento y el Consejo europeos han acordado nuevas normas que obligan a las empresas a integrar en sus sistemas de gestión su impacto en los derechos humanos y el medio ambiente. De este modo, las empresas serán ahora responsables de los posibles abusos en su cadena de suministro.
La nueva directiva sobre 'Due Diligence' en materia de sostenibilidad empresarial establece obligaciones para que las empresas mitiguen su impacto negativo, abordando el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la deforestación, el consumo excesivo de agua o el daño a los ecosistemas.
Ahora, las empresas tendrán que integrar la llamada 'Due Diligence' en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, incluyendo descripciones de su enfoque, procesos y código de conducta. También tendrán que adoptar un plan que garantice que su negocio cumple con la limitación del calentamiento global a 1,5ºC.
Esta legislación se aplicará a las empresas y matrices de la UE con más de 500 empleados y un volumen de negocios superior a 150 millones de euros.
También a las de más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones si al menos 20 se generan en uno de los estos sectores: productos textiles, moda y calzado, agricultura, alimentación y materias primas agrícolas, extracción y comercio de recursos minerales o productos relacionados con la construcción.
Asimismo, se aplicará a las empresas no pertenecientes a la Unión Europea y a las empresas matrices con un volumen de negocios equivalente en la UE.
Mayor compromiso
Las empresas tendrán que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y el de sus socios sobre las personas y el planeta, en la producción, el suministro, el transporte y almacenamiento, el diseño y la distribución.
Para ello, deberán realizar inversiones, buscar garantías contractuales de sus socios, mejorar su plan de negocio o prestar apoyo a sus socios de pequeñas y medianas empresas.
Las empresas también tendrán que comprometerse con los afectados por sus acciones, introduciendo un mecanismo de quejas, comunicando sus políticas de 'Due Diligence' y supervisando periódicamente su eficacia.
Por su parte, los gobiernos de la UE tendrán que crear portales dedicados a las obligaciones de 'Due Diligence' de las empresas. Cada país de la UE designará una autoridad supervisora encargada de controlar si las empresas cumplen estas obligaciones.
El proyecto de ley acordado requiere la aprobación formal de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Parlamento Europeo en su conjunto, así como de los gobiernos de la UE antes de entrar en vigor.
