La Guardia Civil cree que la trama desarticulada en el marco de la 'Operación Yogui' por actividades fraudulentas en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona llegó amalversar seis millones de euros, según ha informado el Instituto Armado de la Guardia Civil por medio de un comunicado.
La operación ha tenido lugar el lunes 5 de mayo contra la actuación irregular de funcionarios públicos y técnicos externos en la gestión de fondos públicos destinados a la realización de la obra de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. La gestión de la contrata correspondió a la empresa Adif, cuya obra fue materialmente ejecutada entre 2008 y 2012.
Lo que se investiga es si directivos de la empresa contratista se habrían concertado con cualificados funcionarios públicos de Adif, bajo cuya responsabilidad se hallaba dicha obra, y técnicos externos para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados por Adif.
De común acuerdo, se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseado las ulteriores certificaciones de obra ejecutada y camuflado el sistema empleado en la certificación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados.
Con ello habrían generado un ilícito sobreprecio en beneficio de la contratista de alrededor de seis millones de euros. Lapropia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades. Algunos de los funcionarios de Adif implicados habrían recibido contraprestaciones económicas por su ilícita conducta, ordenadas por un directivo de la empresa contratista, según la Guardia Civil.
Detenciones y registros
Hasta el momento se ha detenido a nueve personas, a los que les imputan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros. Se han practicado 11 registros, seis de ellos en las diversas sedes sociales de la empresa contratista, la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y la empresa pública Adif; así como cinco registros en los domicilios particulares de los principales implicados.
Los registros realizados tienen como finalidad localizar los documentos preparatorios de los artificios para falsear mediciones y disimular después el falseamiento, así como los documentos oficiales en los que se plasman. También se buscan documentos que puedan revelar posibles dádivas económicas en favor de funcionarios de Adif diferentes a las ya detectadas. Varios trabajadores han estado en los registros.
La denominada 'Operación Yogui', desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña en las provincias de Madrid y Barcelona, se inició en el mes de enero pasado, a consecuencia de una querella de la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, en el marco de la obra pública consistente en la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad que cubre el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa.
La Unión Europea, dispuesta a intervenir
Por su parte, el Ministerio de Fomento ha instado al ente público Adif a suspender provisionalmente de sus funciones a los trabajadores que hayan sido detenidos. De este modo, el Departamento que dirige Pastor considera que, "sin perjuicio de la presunción de inocencia", lo "más adecuado" es apartar de sus funciones a los detenidos, "dada la gravedad de los hechos investigados" y hasta que se "esclarezcan".
Mientras que el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha señalado que el Ministerio está "pendiente de lo que se vaya solicitando con el máximo interés de aclarar cuanto antes esa cuestión".
Además, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Transporte de la Comisión Europea, Siim Kallas, ha declarado este pasado lunes que no conoce los detalles de la trama desarticulada por actividades fraudulentas en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona, pero ha anunciado que intervendrá si el caso afecta a las ayudas europeas concedidas para financiar esta infraestructura.