El 31 de agosto de 2021, finaliza el plazo de concesión de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, y de la AP-7 entre Tarragona y la frontera francesa, gestionadas por Acesa, que revertirán al Estado. También vence el de la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar, correspondiente actualmente a Invicat, que pasará a gestionar la administración autonómica.
En el caso de la administración estatal, y según ha sucedido con la AP-1 (Burgos-Armiñón), AP-7 (Tarragona-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz), la previsión es que desaparezcan los peajes, pasando a licitarse una serie de contratos públicos para la conservación de las infraestructuras, así como la gestión de la vialidad y la seguridad
Esto conllevará, según UGT, que trabajadores que realizan tareas integradas en los nuevos contratos, vean subrogado su contrato en alguna de las empresas adjudicatarias. Se trata mayoritariamente de operarios de mantenimiento, responsables COEX, operarios de comunicaciones y seguridad, etc..
El sindicato calcula que se firmarán cerca de 250 contratos entre ambas empresas. El resto de la plantilla, salvo que se decida no eliminar el pago, verá extinguido su contrato por causas organizativas y productivas.
Por lo tanto, unos 400 empleados que realizan su trabajo en el área de peaje, atención al usuario y todo lo que da soporte a esta actividad, perderán su empleo. A esto se añaden los 260 trabajadores que ya habían sido despedidos en el primer semestre de 2020.
Por ello, desde la organización sindical han lamentado la falta de compromiso de ambas administraciones con los trabajadores, en especial en pleno proceso de tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
