El pasado mes de julio, la Asamblea Nacional francesa aprobaba la Ley 2014-790 sobre la adopción de medidas de lucha contra la competencia desleal en materia social, entre las que se incluía la prohibición de realizar el descanso semanal en la cabina de los vehículos.
En relación a esta nueva infracción, el pasado mes de abril, Fenadismer presentó una denuncia ante la Comisión Europea para que se analizara si la proposición de ley que se estaba tramitando respetaba la normativa europea sobre regulación del transporte internacional y sobre armonización social en el sector del transporte por carretera.
En respuesta a dicha denuncia, la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea ha expresado que la normativa europea no establece ninguna limitación al respecto, señalando específicamente que "el Reglamento europeo 561/2006 no prohíbe en ningún momento el descanso semanal normal a bordo del vehículo”.
Por ello, la Comisión Europea ha informado a la asociación de que ha abierto un procedimiento de “comunicación estructurada “ contra Francia en relación con las nuevas disposiciones legales, lo que podría concluir con “la apertura de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Desde Fenadismer se considera que la nueva infracción penal aprobada "no guarda relación alguna con la necesaria lucha contra la competencia desleal" que fundamenta la aprobación de dicha medida, ni tampoco se ha tenido en cuenta "la repercusión práctica" que puede suponer para los conductores profesionales que semanalmente circulan por las carreteras francesas. "Sólo en el caso de España, más de 20.000 conductores profesionales cruzan la frontera diariamente sin que previsiblemente exista infraestructura hotelera suficiente para alojar a dichos conductores", asegura Fenadismer.
Por el contrario, la federación se compromete a seguir insistiendo en la necesidad de que se apruebe un "verdadero" plan de lucha contra la competencia desleal, que esté coordinado con todos los países de la Unión Europea. En él, según estima Fenadismer, se deberían procurar medidas que persigan a las empresas de transporte que establecen su residencia en terceros países "a los exclusivos efectos de aprovecharse de unos menores costes fiscales y laborales", pero que en la práctica desarrollan su actividad de transporte principalmente fuera del país donde se han establecido.
Con este objetivo, la asociación propone que los Estados miembros donde prestan sus servicios las empresas de transporte procedentes de terceros países "exijan que las condiciones de trabajo y los salarios de dichos conductores se ajusten a las del resto de conductores nacionales", al mismo tiempo que se controla que la tributación de los servicios de transporte prestados "se lleve a cabo en el país de acogida y no en el de establecimiento de la empresa".